El juez federal Claudio Bonadio tomó este jueves una impactante decisión política y judicial al pedirle al Senado el desafuero de Cristina Kirchner para detenerla por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

La ex presidenta fue procesada los delitos de “traición a la Patria” y “encubrimiento agravado” de iraníes prófugos por el atentado a la AMIA y el juez le aplicó un embargo de 50 millones de pesos.

Bonadio consideró necesaria su detención porque Cristina con sus contactos “puede entorpecer la causa”. Se trata de la aplicación de lo que en Comodoro Py se conoce como la “Doctrina Irurzún”, en relación al fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que dispone la prisión preventiva de ex funcionarios por el sólo hecho de haberlo sido.

El pedido de desafuero de Cristina no es una novedad al punto que se debatió abiertamente durante su campaña para senadora y el propio jefe de bloque del peronismo, Miguel Angel Pichetto, pese a ser su principal adversario interno, anticipó que sin una condena firme ratificada por la Corte Suprema, no lo aceptará.

Es lo que se conoce como “Doctrina Menem” y le permitió al ex presidente evitar su desafuero pese a que arrastra al menos una condena, un estado procesal mucho más avanzado que el de la ex presidenta.

La decisión de Bonadío por otro lado abre enormes debates jurídicos, porque la aprobación del Memorandum con Irán fue aprobada por ambas cámaras del Congreso y no son pocos los juristas que entienden que se trata de un acto político no justiciable, propio de un presidente, como es definir la política internacional.

Bonadío procesó a Cristina por los delitos de “traición a la Patria” y “encubrimiento agravado” del atentado a la AMIA y le impuso un embargo de 50 millones
El magistrado también ordenó la detención de Carlos Zannini, mano derecha y principal asesor de la ex presidenta en sus dos mandatos, y de Luis D’Elía, al tiempo que le otorgó la prisión domiciliaria al ex canciller Héctor Timerman, que atraviesa un complicado estado de salud.

También fue detenido Jorge “Yussuf” Khalil, referente de la comunidad islámica en Argentina, en su caso de Floresta. En tanto que tras ser buscado algunas horas y luego de que su abogado negociara condiciones en Comodoro Py, poco después del mediodía se entregó en una comisaría de Retiro el ex líder de Quebracho Fernando Esteche.

El ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia fue arrestado en Río Gallegos cerca de la una de la madrugada por personal de la Policía Federal, mientras que D’Elía, supuesto principal vínculo del kirchnerismo con el régimen de los Ayatollas de Irán, fue arrestado en su domicilio de Larerrere en La Matanza.

Antes de su arresto, Zannini denunció ante la policía que estaba siendo objeto de espionaje político ilegal, porque detectó que un auto lo seguía.

Los otros imputados en esta causa son el diputado Andrés “Cuervo” Larroque y el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli, a quienes Bonadio procesó sin prisión preventiva y les impuso la prohibición de salir del país. La misma decisión les cabe al ex número dos de la AFI Juan Martín Mena, y la ex procuradora del Tesoro, Angélica Abbona.

En tanto, el juez dictó falta de mérito al ex secretario privado de Timerman Luciano Tanto Clement y su asistente Alberto Mercado, al igual que del embajador Alberto D’Alotto y de la ex funcionaria de Cancillería Susana Ruiz Cerutti.

En su fallo de 365 páginas, Bonadio impuso también embargos de 50 millones de pesos a Timerman, Zannini, y Eduardo Zuain; y unos 35 millones a Parrilli, Larroque; Khalil, D Elia, Esteche, el espía Allan Bogado, y la exprocuradora Abbona.

La denuncia por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA fue presentada el 14 de enero de 2015 por el fallecido fiscal Alberto Nisman, pero fue desestimada por la Justicia federal durante la gestión de Cristina Kirchner. Recién se reabrió una vez que asumió Mauricio Macri.

En dos ocasiones fue rechazada por el juez Daniel Rafecas, quien consideró que no existía ningún delito que investigar y por ese tema este mismo jueves tuvo que presentarse ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.

Rafecas fue apartado de esta denuncia por la Cámara de Casación y el expediente pasó a manos del juez federal Ariel Lijo. Finalmente, por conexidad con otra causa que tenía Bonadio por “traición a la patria” finalmente quedó en el juzgado de este último.

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