La camioneta incautada ya había sido usada por Martín Lanatta y Víctor Schillaci para fugarse en 2010

Este domingo por la noche, efectivos de la Policìa Bonaerense encabezados por el comisario general Nèstor Larrauri irrumpieron en la casa en Berazategui de Franco Schillaci, hermano menor de Vìctor Schillaci, en el marco del operativo integrado por más de 600 policías para hallar al trío fugado la madrugada anterior de la Unidad Penal No. 30 de General Alvear. Encontraron varios dispositivos electrónicos, con dos GPS en la lista y un llamativo lote de casi una docena de celulares que hoy están siendo peritados.

El mayor hallazgo, sin embargo, fue una camioneta Toyota Hilux negra; un vehículo similar había sido empleado por Schillaci y los hermanos Christian y Martìn Lanatta para continuar su huida en el barrio Belgrano de General Alvear, según revelaron cámaras del municipio. Las capturas, desafortunadamente, no mostraron la patente. Pero la patente de la Hilux hallada en el garage de Franco Schillaci revivió un viejo recuerdo.

Información de la causa a la que accedió Infobae indicó el dominio del vehículo: su chapa dice EXU 826, con Romina Valeria Tori como titular. El mismo vehículo había sido usado en 2010 por Schillaci y Martín Lanatta en su fuga tras el Triple Crimen para cruzar a Paraguay desde Puerto Iguazú, Misiones: la camioneta no reingresó legalmente al país, según crónicas policiales de la época que consignaban también el nombre de Tori. Fue capturada tras operativos policiales en ese entonces, también en Berazategui.

Hay otros hallazgos llamativos en el marco de la causa. Fuentes de los organismos de seguridad revelan que Franco Schillaci, la mujer de Schillaci y un tercer individuo retiraron tarjetas azules para circular con el vehículo; lo hicieron los tres juntos el 17 de diciembre pasado. Del tercer individuo ya se conoce su nombre: es un socio comercial de un allegado cercano a un dirigente político provincial.

Así, de cara a estas coincidencias, la investigación conducida por el fiscal de Azul Cristian Citterio toma impulso. Pierde fuerza la hipótesis de que Schillaci se habría peleado con los Lanatta, ya que no hay evidencias de que hayan circulado por separado. Voces en los altas jerarquías de la Provincia hipotetizan que los Lanatta jamás habrían dejado de generar dinero por vías ilícitas, incluso presos. Sin embargo, una debilidad en el sistema le dio una ventaja crucial a los Lanatta y a su cómplice para continuar su huída de General Alvear.

Las empresas telefónicas fueron el problema: la activación de las celdas para ubicación zonal se inició recién a las 23 horas por lentitud de los operadores privados, dicen fuentes de la investigación. Los presos se fugaron pasadas las 2 AM. El primer informe llegó casi 24 horas después.

¿Qué pasó con la custodia en el penal?

El primer control en fallar en la increíble secuencia que permitió la fuga del trío en el penal de General Alvear fue la custodia directa sobre ellos en el sector de Sanidad, en donde habían sido alojados para separarlos del resto de la población carcelaria. Había un solo custodio, al que redujeron con una pistola falsa. Una fuente que conoce el día a día del penal apuntó ayer: «Los custodiaban oficiales mayores del Servicio Penitenciario. Ahora, no sé quiénes los vigilaban». Otras fuentes cercanas al penal ratificaron que los Lanatta y Schillaci se habían quedado sin custodia especial, algo que había llegado a oídos de figuras jerárquicas en el Ministerio de Seguridad bonaerense. La versión imperante es que el jefe de la penitenciaria, el prefecto mayor Manuel Guebara, removido de su cargo tras la fuga, habría ordenado la quita de los custodios.

En el penal, los hermanos Lanatta estaban a cargo de la magistrada Marcela Otermín, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nº1 de Mercedes. Otermín, en diálogo con Infobae, aseguró: «Jamás fui anoticiada de una quita de la custodia, ni jamás la pedí». La intervención de la cárcel fue anunciada esta tarde por la gobernadora Vidal.

Gabriel Iezzi y Víctor Varone, abogados penalistas de empresas y especialistas en seguridad, elevan puntos interesantes de cara a la crisis carcelaria. Varone indica: «La falta de infraestructura y déficit general, más el contexto político pudieron favorecer la fuga, pero este hecho, nos lleva a evaluar el Sistema Penitenciario y el Régimen de Ejecución Penal. Debemos entender que la situación del Sistema Penitenciario, y en especial del Régimen de Ejecución Penal está en crisis, digo esto ya que no solo están las fugas sino las liberaciones anticipadas como por ejemplo la ordenada días pasados por la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal que deja en la calle a Guillermo ‘Concheto’ Alvarez uno de los peores asesinos seriales de los últimos años, condenado a perpetua en 1998 y detenido en 1996. Con el avenimiento del narcotráfico en nuestro país el día a día de la población carcelaria cambio y trajo una nueva realidad en la vida de la cárcel, tomemos en cuenta que más del 20 % (20,59 %) son extranjeros y de ellos casi el 50 % (48,80%) están detenidos por infracción a la ley de estupefacientes».

Iezzi sigue: «Mucho se habla de traspasar el Servicio Penitenciario del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad, creemos que eso es un error y un retroceso, en el mundo el Régimen de Ejecución Penal se maneja desde el ámbito de la Justicia, es cierto que con un criterio distinto al nuestro. Nosotros estamos trabajando con un régimen «progresivo» de 4 etapas (observación, tratamiento, prueba y Libertad condicional), que cumplidas estas se recupera la libertad, cuando en el mundo utiliza régimen de evaluación de RIESGO para la sociedad y para el detenido mismo, recuperando la libertad el individuo cuando este «riesgo» cesa. Hoy casi el 40 % del total de la población carcelaria del SPF provienen del narcotráfico, desde líderes de carteles hasta mulas, muchos con estudios primarios, secundarios y hasta universitarios, por lo que el paradigma del modelo progresivo que es ‘educación y trabajo’ para fomentar la reinserción, no alcanza o queda obsoleto».

Los letrados van un paso más allá. Iezzi habla de la creación de «un Registro Público de Prófugos, similar al modelo chileno, que permita a diferentes organismos ‘conocer y controlar’ apoyando al estado». Iezzi continúa: «En nuestro país, cualquier prófugo puede obtener o renovar su licencia de conducir, gestionar y recibir planes sociales o subsidios, abrir cuentas bancarias, emitir cheques, pedir préstamos, tarjetas de crédito, pero no todos tienen comunicada su situación para con la Dirección Nacional de Migraciones, a través de los juzgados requirentes, de modo tal que pueden ‘libremente’ en dicho caso, salir y entrar del país».

Varone continúa: «Sería ideal la creación de una base confiable, chequeada con los diferentes tribunales requirentes, y con consulta de diferentes organismos, que tienda a transparentar la situación, con una dedicada y profesional búsqueda de los prófugos de la justicia que aumentan año tras año».