Un documento firmado por el juez Heber Pregno, relacionado al último procedimiento por juego clandestino en General Pico, indica que “la inacción del Ministerio Público Fiscal es lo que llevó a la prescripción de la acción”. Aseguran que no existe un “vacío legal”, sino que deben intervenir los jueces de Control.

Luego de la polémica surgida a raíz de la absolución y restitución de elementos que sufrió el propietario de un “garito” en General Pico, quedó al desnudo una compleja situación legal, por la que las personas que violan la ley de Juegos de Azar resultan impunes. Si bien en un comienzo se habló de un “vacío legal” provocado por la falta de un juez contravencional, El Diario confirmó que las causas, en realidad, “prescriben” por la inacción de los fiscales, ya que si elevan una acusación, un juez de Control debe actuar como subrogante y juzgar al infractor.

Las primeras informaciones sobre el tema fueron escuetas, motivo por el que se generaron diversas confusiones. Sin embargo, fuentes consultadas indicaron, a fines del mes de septiembre, que Marcelo Escobar, dueño de un garito clandestino ubicado en calle 42 entre 31 y 33, fue declarado absuelto y se ordenó la restitución de todos elementos que le fueron secuestrados por su actividad ilícita.

Se señaló como motivo la falta de un juez contravencional, que es quien interviene en causas donde existen “faltas” provinciales, por ejemplo en un caso como este, donde hay una infracción a la Ley Provincial Nº 408 que regula los Juegos de Azar.

En días posteriores, el asesor letrado de Escobar, el doctor Humberto Bauducco, aclaró en los medios que la absolución no llegó por ese “vacío legal”, sino por la “prescripción de la causa”, ya que la Fiscalía no avanzó con la misma.

Ante esto, un cronista de este medio consiguió una copia del Legajo Nº 9.569 “Ministerio Público Fiscal C/Escobar, Marcelo S/Investigación Preliminar”, fechado el 10 de septiembre de este año, el cual fue firmado por el juez de Control sustituto Heber Alcides Pregno (H).

Inacción fiscal

En el documento consta que “la señora fiscala Ana Laura Ruffini, junto al fiscal adjunto doctor Maximiliano Boga Doyhenard, solicitaron la extinción de la acción contravencional por prescripción en virtud del transcurso del tiempo”.

El magistrado aceptó el pedido, al que consideró procedente porque “la presunta infracción a la Ley Nº 408 fue cometida el día 22 de marzo de 2013, y teniendo en cuenta el plazo establecido para la prescripción de la acción, un año, estarían dadas las condiciones para que proceda dicho instituto, aún más si tenemos en cuenta que los imputados no registran antecedentes condenatorios contravencionales y/o por infracciones a la Ley 408 posteriores que hicieran interrumpir el plazo de la ley”.

De todas formas, Pregno hizo la salvedad -inclusive remarcándolo con negrita- que además del transcurso del tiempo, “la inacción por parte del MPF (Ministerio Público Fiscal) es lo que ha llevado a la extinción de la acción, favoreciendo a la situación del imputado, ya que no surge del legajo en cuestión pedido, solicitud o acto procesal válido que conlleve a la prosecución de la causa como lo ordena el Título Segundo del Libro Segundo del CFP(Código de Faltas de la Provincia)”.

Posturas

El Diario dialogó con varias fuentes judiciales, que mantuvieron posturas diferentes respecto a la posibilidad de llegar a una resolución en estas causas. Una de ellas indicó que al no haber un juez contravencional designado, no existe alguien que juzgue a los infractores, por lo que no tiene sentido que los investigadores avancen con las causas.

Otra fuente se paró en la vereda contraria para indicar que, en realidad, si los fiscales prosiguieran con las investigaciones y elevaran las respectivas acusaciones, serían los jueces de Control los que actuarían en juicio como “subrogantes” del juez contravencional.

Las subrogancias están contempladas dentro de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (Nº 2574), en el artículo 18, inciso “I”. Allí se estipula que los jueces de Faltas serán reemplazados por: “1) Los demás jueces de Faltas, si los hubiere; 2) Los jueces de Control; y 3) Los conjueces del listado confeccionado conforme a esta ley”.

Ejemplo de lo expuesto son los procedimientos que se han hecho contra el juego clandestino, donde las órdenes de allanamiento fueron firmadas por jueces de Control que actuaron como “subrogantes”.
Inclusive la Ley Provincial Nº 408 prevé que hasta el mismo jefe de Policía de La Pampa puede ordenar un procedimiento de este tipo, ante la falta de un magistrado que no lo haga, lo cual también hecha por tierra la postura de algunos jefes policiales que se excusan de hacer intervenciones de este tipo por no haber un juez que firme las órdenes de allanamiento.

La fuente consultada señaló que más allá de que existe este marco legal, es necesario que sea designado un juez contravencional para la Segunda Circunscripción Judicial y que se destinen los fondos para crear el espacio físico donde funcione su juzgado.

Además, debe realizarse una adecuación del Código de Faltas Provincial, contemplado dentro del nuevo Código Procesal Penal, ya que está desactualizado y recarga todo el poder investigativo y condenatorio en una sola figura, la del juez de Faltas. Cabe destacar que para esto fue presentado días atrás un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia.

 

Fuente: ElDiarioDeLaPampa.com.ar

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