Salud

Río Negro: Condenan a un ginecólogo por obstruir un aborto legal

El ginecólogo antiderechos Leandro Rodríguez Lastra fue condenado a dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y un año y dos meses de prisión en suspenso. La decisión fue tomada por la justicia de Río Negro, que ya lo había hallado responsable de detener un aborto legal en curso y obligar a gestar y parir a una joven violada.

Ni el médico ni su defensor, Damián Torres –quien también es abogado del gobernador provincial y apoderado del partido oficialista- estuvieron presentes en la audiencia. Sí estuvo, en cambio, la diputada provincial y médica Marta Milesi, quien acompañó a la joven R.P. en la radicación de la denuncia y el trámite judicial y que fue la impulsora de la ley de interrupción legal del embarazo en río Negro.

El juez Álvaro Meynet, quien ya había hallado responsable de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» al médico antiderechos, estableció también que Rodríguez Lastra no podrá “tomar contacto por ningún medio ni bajo cualquier pretexto con (la joven) R.P. (por cuyo caso fue juzgado)”. En caso contrario, la pena de prisión dejará de estar en suspenso. Tanto durante el debate oral como en el juicio de cesura, que delimita condenas, el médico había expresado reiteradamente su intención de hablar con la joven R.P. personalmente.

La defensa del médico adelantó que apelará la decisión. La fiscalía anticipó a Página/12 que estudia presentar una impugnación porque la condena no consideró la violencia obstétrica a la hora de establecer una pena.

“La del juez fue una decisión justa, más allá de que a algunas cosas que solicité no hizo lugar”, dijo el fiscal Santiago Márquez Gauna, a cargo del caso junto con Annabela Camporesi. Con su resolución, el juez Meynet “deja abierta la puerta a que Rodríguez Lastra pueda ejercer de forma privada, y me parece que hay riesgo en caso de que trabaje en una guardia de un centro de salud privado, por ejemplo”.

“Si él trabaja en su consultorio particular, una paciente puede elegir ir o no a atenderse con él. Pero si está en una guardia, y una mujer llega ahí, no puede elegir”, añadió el fiscal.

En la última jornada del juicio de cesura, la fiscalía había solicitado que el ginecólogo, que al momento de detener el aborto que cursaba la joven R.P. era jefe de servicio en el hospital Pedro Moguillansky, de Cipolletti, fuera condenado a un año y ocho meses de prisión y el doble de inhabilitación para el ejercicio de la medicina.

El defensor Torres pidió que la pena sea de tres meses de prisión en suspenso y el doble de tiempo de inhabilitación. Además, había rechazado, como solicitó la fiscalía, que Rodríguez Lastra fuera obligado a formarse en consentimiento informado y perspectiva de género.

“El juez dijo que Rodríguez Lastra no era un mal médico: sí un mal funcionario público, porque de hecho lo consideró responsable de incumplimiento de sus deberes de funcionario público, pero no mal médico. Yo creo que sí lo es, porque un médico que pone por encima de lo que quiere el paciente lo que quiere él mismo es un mal médico. Ya lo explicó (al declarar, Marta) Milesi, cuando habló de pensamiento médico hegemónico”, detalló el fiscal Márquez Gauna.

El juez Meynet tampoco hizo lugar a los pedidos de que Rodríguez Lastra se capacite en consentimiento informado, aplicación del Protocolo de interrupción legal del embarazo y perspectiva de género en temas de salud.

Rodríguez Lastra no se encuentra ejerciendo su cargo de jefe del servicio de ginecología del hospital Pedro Moguillansky, de Cipolletti, desde hace meses, cuando pidió licencia psiquiátrica. La solicitud precedió el debate oral y también el comienzo de la campaña que emprendió en su efímera trayectoria como precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista del Partido Demócrata Cristiano que no superó el umbral mínimo de votos en las PASO.

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