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La Justicia allanó ANSES por la compra de bonos de Cablevisión

El juez Casanello buscó documentación del FGS en la causa por la que su ex titular incurrió en incompatibilidades.

La Justicia allanó las oficinas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) por la compra de bonos de Cablevisión y Arcor. Se investiga si uno de sus ex titulares, que había sido director de ambas compañías, se benefició a sí mismo o explícitamente a sus ex empleadores con esta operatoria.

El juez federal Sebastián Casanello llevó adelante una presentación con allanamiento en subsidio en el FGS con personal de Prefectura esta mañana, pudo saber El Destape de fuentes judiciales. El investigador busca documentación sobre la suscripción de obligaciones negociables de Cablevisión SA y Arcor SAIC el 8 de junio de 2016. En ese momento, la subdirección ejecutiva del Fondo la manejaba Luis María Blaquier, quien había prestado funciones en ambas empresas en el pasado.

Esto derivó en una imputación del fiscal Franco Picardi por negociaciones incompatibles con la función pública y por incumplimiento de deberes de funcionario público. Buscan determinar si Blaquier ordenó adquirir obligaciones negociables de las empresas en miras de un beneficio personal y/o de un tercero. La denuncia había sido presentada por la UFISES, cuando era comandada por Gabriel De Vedia.

Blaquier se había desempeñado como director del Grupo Clarín en representación del accionista GS Unidos LLC hasta diciembre de 2015, cuando renunció para cumplir funciones en el FGS. En su cargo anterior fue reemplazado por Gonzalo Blaquier.

De acuerdo al expediente judicial, hasta 2012 las participaciones de esta offshore pertenecieron al banco Goldman Sachs, donde Blaquier trabajó por 13 años y llegó a director ejecutivo. A partir de entonces, GS Unidos se encuentra bajo control indirecto de Ralph Booth, fundador y socio ejecutivo del fondo Fontinalis Partners, del cual Blaquier también es socio.

En este sentido, la Justicia avanza sobre la teoría de que la adquisición de bonos propuesta y aprobada por Luis María Blaquier favoreció a GS Unidos y a Booth.

De Arcor fue director en 2014 y 2015. La UFISES había recabado que Blaquier participó de la reunión de directorio en la que se resolvió convocar a los accionistas para que autorice la emisión de obligaciones negociables. Posteriormente, éstas fueron adquiridas por él mismo como subdirector del FGS.

Además, hasta su renuncia el 18 de diciembre de 2015, conformó el Comité de Finanzas, Inversiones y Estrategias y el Comité de Auditoría de Arcor.

Una decisión a la medida de Caputo

El fiscal federal Eduardo Taiano dictaminó el pasado 6 de septiembre desestimar la denuncia contra Luis Caputo por “inexistencia de delito” en el expediente en que se denunció sus vínculos con el Fondo Axis y los manejos en el FGS.

Taiano respondió así al juez federal Luis Rodríguez, quien volvió a reconsiderar el caso en el que el exfuncionario nacional quedó en el ojo de la tormenta. Todo indica que tras la respuesta del fiscal y la ausencia de un querellante, el caso será archivado.

El tema cobró fuerza una vez más luego de un informe de la AGN que hizo alusión a Caputo.

En el apartado del mentado informe titulado “Hallazgos referidos al período 01/01/2016 a 31/12/2016”, se indicó que el fondo Axis -junto a otros fondos- está integrado “en más de un 99% por títulos públicos los cuales, en su mayoría, corresponden a Letras emitidas por el Banco Central (Lebac)”. “El FGS tiene una participación significativa en el patrimonio neto de cada uno de ellos”, se añadió, por lo que “dicha decisión de inversión no solo genera comisiones que podrían haberse evitado al invertir en forma directa con el BCRA sino que además restringe la liquidez otorgada por los FCI”.

A su vez, en el documento de la AGN, se resaltó que “el Secretario de Finanzas, integrante del Comité Ejecutivo, se desempeñó como presidente de la Sociedad Gerente del Fondo Axis hasta septiembre de 2015, y no se ha obtenido evidencia acerca de una comunicación en la cual se aclare dicha circunstancia, lo que se interpretaría como un conflicto de intereses”, según la Ley de Ética Pública, se señaló.

Luego de la decisión de Taiano, resta saber si intervendrá la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que también fue consultada en el marco de este caso por el juez Rodríguez. Esto podría cambiar el escenario actual.

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