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De qué se trata la Emergencia alimentaria que se aprobó hoy en Diputados

Diputados aprobó la prórroga de la emergencia alimentaria hasta 2022. Propone un aumento del 50% de las partidas presupuestarias vigentes para políticas públicas de alimentación y nutrición.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde por amplia mayoría y envió de inmediato al Senado el proyecto consensuado por los bloques opositores para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria en la Argentina, lo cual implica un aumento en un 50 por ciento de los recursos destinados a este fin, por un monto de 10 mil millones de pesos.

La ley fue aprobada con 222 votos positivos, ninguno negativo y una abstención, correspondiente a la diputada de izquierda Mónica Schlotthauer.

El proyecto propone un aumento del 50% de las partidas presupuestarias vigentes para políticas públicas de alimentación y nutrición.

El reclamo por la sanción del proyecto empezó hace varias semanas y sus principales impulsores fueron la cúpula de la Iglesia católica y las organizaciones sociales, tanto las que son más cercanas al Frente de Todos como las que no responden a ese espacio.

Si bien en el oficialismo trataron de bajarle el tono al reclamo y aseguraron a Infobae que el Gobierno estuvo «aumentando la comida en comedores y reforzando la compra de alimentos por sistemas de compra de emergencia«, el principal argumento del Poder Ejecutivo para desestimar el pedido fue que la emergencia alimentaria ya estaba contemplada en dos leyes, un decreto firmado por Eduardo Duhalde en 2002 y un proyecto del oficialismo de 2016.

A poco de asumir, el ex gobernador bonaerense impulsó un DNU que estableció la creación del Programa de Nutrición y Alimentación Nacional «destinado a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza». La ejecución de esa iniciativa, que ratifica «el deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía», cae bajo la responsabilidad del gobierno nacional junto a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires.

Además, el oficialismo aseguraba que una norma sancionada por el Congreso en 2016 consensuada entre los bloques del Congreso, el Gobierno y agrupaciones sociales como el Movimiento Evita, CTEP y Barrios de Pie declaró la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019 y dispuso la creación de dos órganos: el Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario y el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP).

Esa ley le da poder a la Jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña para que efectúe las «reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias» hasta un monto de $25 mil millones durante el plazo de vigencia de la ley y, en el caso de que ese monto haya sido ejecutado por completo al 31 de diciembre de 2018, se asignará un adicional de hasta $5 mil millones.

De: Infobae 

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