Crece la polémica por alza en tarifas de electricidad

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EN FEBRERO AUMENTA 26% EL PRECIO MAYORISTA Y 700% EL COSTO DE LA POTENCIA EN TODO EL PAÍS – Además, en marzo se aplicará en Capital Federal y GBA una suba para compensar a las distribuidoras por la inflación.

El aumento en las tarifas de electricidad que se aplicará desde febrero suscita cada vez más cuestionamientos, destacándose el rechazo de las cooperativas que prestan el servicio en el interior del país.

El tema tiene aspectos complicados que crean dudas sobre el verdadero impacto en las facturas finales de los usuarios. Esto es así porque según la resolución 366 ya publicada en el Boletín Oficial el precio mayorista de la energía que se paga en todo el país, tendrá un alza del 26% en febrero, del 5% adicional en mayo y de otro 5% en agosto, lo que acumula una suba del 39% con relación al valor actual.

Aunque hasta ahora las fuentes oficiales estimaban que el precio mayorista equivale a una tercera parte de la factura final con impuestos, en el documento de la Secretaría de Energía distribuido por Javier Iguacel el 27 de diciembre, se indica que el 55% de la boleta de un usuario residencial de Capital Federal y Gran Buenos Aires corresponde al precio de la energía.

Si se toma ese dato como cierto, el 55% de la factura tendría a agosto próximo un alza del 39% como establece la resolución 366, lo que arrojaría un aumento del 21,4% en la factura final y no del 55% como anticipó Iguacel para un residencial del AMBA.

Según dijo el exfuncionario un día antes de irse del Gobierno, las tarifas de luz subirán en Capital y Gran Buenos Aires un 26% en febrero, un 14% en marzo, un 4% en mayo y otro 4% en agosto, lo que acumulado implica un alza del 55%.

Lo que pasa es que no sólo se modificó el precio mayorista, sino que también se dispuso un aumento espectacular en el precio de la potencia que pasará de $10.000 en la actualidad a $80.000 en febrero (700%), a $100.000 en mayo y a $120.000 en agosto, lo que arroja un alza acumulada del 1.100%.

El precio de la potencia no está discriminado en la factura de los usuarios residenciales porque queda a cargo de la distribuidora pero se traslada a los consumidores, lo que podría explicar los aumentos finales anticipados para los hogares del AMBA.

En cambio los usuarios medianos y grandes de las distribuidoras pagan también por la potencia adquirida, y todavía falta un análisis del impacto en la factura final de estos consumidores, para lo que se requiere la publicación de los cuadros tarifarios. Fuentes oficiales aseguraron que en Capital y GBA el alza para este segmento no superará el 36% a agosto, aunque otros analistas temen que el aumento derive en el cierre de más plantas fabriles porque el impacto podría ser muy alto en algunos casos.

En principio, para los residenciales de todo el país el efecto será significativo. Por eso, Carlos Ciapponi, titular de CALF, la cooperativa eléctrica que presta el servicio en la ciudad de Neuquén, dijo el viernes que “el aumento determinado por Cammesa tiene un impacto tremendo, porque no solamente ha aumentado el concepto de energía sino también el cargo por potencia, el 700%, y el aporte al fondo nacional para obras eléctricas”.

Por otra parte, en el caso de Edenor y Edesur, el Gobierno se comprometió a reconocer un ajuste por costos cada seis meses, precisamente en febrero y agosto de cada año, según una fórmula que contempla el índice de precios al consumidor, el de la construcción y el de salarios en el semestre inmediato anterior.

Según fuentes de una de esas distribuidoras, el aumento anunciado para marzo en el AMBA corresponde al ajuste por inflación. Pero ya para agosto próximo, la suba anunciada solo parece estar relacionada con el precio mayorista y la potencia. Por lo cual, hay un aumento que falta o que se postergará para después de las elecciones, a lo que se debe sumar que en agosto de 2018 a estas empresas les correspondía un alza del 16% en sus ingresos, y el Gobierno les dio un 8%, dejando el resto para aplicarlo actualizado a partir de febrero en cuotas.

Hay además otro problema serio sin resolver. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires quedaron a cargo de la tarifa social, pero todavía ninguna jurisdicción definió si mantendrá los mismos criterios para la inclusión de los hogares en el beneficio y cuánto cubrirá del precio mayorista de la energía sobre el que recaía hasta ahora el subsidio del Estado nacional.

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