La Pampa

Trabajadores y trabajadoras de CAI y CAJ pidieron audiencia a Verna

En la nota entregada en Casa de Gobierno reclamaron soluciones para su precariedad laboral. Pidieron poder participar en el Plan que implementará provincia a partir de abril.

Este martes 8 de enero, las y los trabajadores de los programas socioeducativos entregaron en casa de gobierno una nota solicitando una audiencia con el gobernador de La Pampa, Carlos Verna para tratar su situación laboral.

Iván Pérez Leguizamón detalló al periodista Mauro Monteiro de Radio Kermés que “le pedimos lo mismo que venimos pidiendo desde que comenzamos con la medida de fuerza, al enterarnos el 13 de diciembre que nos quedábamos sin trabajo y estamos pidiendo que se nos reconozca el sueldo de enero, porque trabajamos todo el año y que se nos asegure la continuidad en febrero y marzo, en el lugar que debemos estar, que es la escuela y en el planeamiento de este proyecto nuevo que se supone que viene a partir de abril”.

“Por eso venimos a comunicarle nuestras inquietudes y ver qué solución nos pueden entregar. En una reunión que tuvimos hace dos semanas con Nogueira, nos adelantaron que no tienen herramientas para solucionarnos el problema, por eso que orquestaron esto de los subsidios. Primero decían que eran para trabajadores que no percibían otros sueldos que no fueran los CAI y luego salió un comunicado de prensa, donde se decía que era para los que pagaban alquiler”, dijo.

“Por ahora no hay ningún tipo de solución clara. La ministra Garello nos dijo que ella hacía voz y tomaba como punto de referencia el acuerdo que firmó UTELPa con diez trabajadores. Nosotros estamos a la deriva y sin nadie que nos escuche. Ya que todos ellos dicen que no tienen las herramientas, vamos a esperar a que nos atienda Verna el vicegobernador y ver a qué solución podemos llegar”, afirmó Pérez.

En cuanto al acampe, confirmó que se levantó el domingo. “Estábamos entre levantarlo y no. Desde el momento en que pensamos hacer el acampe, las personas a las que estaba dirigido este acampe, se mudaron a Casa de Gobierno y teníamos que estar yendo y viniendo, luego empezaron a cerrar las puertas y pensamos que lo único que hacíamos era entorpecer la vida cotidiana de los vecinos y eso no sumaba. Así que decidimos tomar otro tipo de medidas de visibilización y tener puntos de encuentros con otros precarizados, con los que nos estamos nucleando y a la espera de que nos escuchen”, agregó.

Iván Pérez Leguizamón recordó que la serie de reclamos comenzó en el año 2013 y que las acciones se precipitaron a fines de diciembre de 2018. “Esperemos que no tengamos que llegar a abril para ver cuál es el proyecto, si estamos incluidos, quiénes, no sea cosa que se terminen poniendo a dedo y se beneficie a gente con favores políticos, ‘hijos de’, ‘sobrinos de’, cuando algunos de nosotros hace ocho años que trabajamos en los CAI y CAJ”, dijo.

“Mientras tanto, hay 5000 familias que quedaron fuera y sin una herramienta para hacer trabajo social, intervenciones domiciliarias. Hay sabidos casos de personas con derechos vulnerados y a los que les acercábamos herramientas y hacer de nexo con alguien de la comunidad para que nos puedan ayudar. Somos un puente que acerca a las familias y las instituciones, para no tener derechos vulnerados”, señaló Iván Pérez Leguizamón.

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